Prepara congreso de la CDMX reforma en materia de extorsión
En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso capitalino aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
Al razonar su voto, el legislador Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) expuso que con esta reforma se otorgarán facultades al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de extorsión, delito que afecta a las familias mexicanas y que actualmente
se ataca con legislaciones estatales, que “permiten a las redes delictivas operar con ventaja, brincando de un territorio a otro y aprovechando las lagunas jurídicas”.
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) indicó que es necesario que se apoye a las y los policías mediante la reforma Constitucional del artículo 123 en materia de salario mínimo profesional. Aseveró que estos delitos son una herramienta de control del crimen organizado que mantiene la impunidad, por lo que su bancada ya ha presentado diversos proyectos para atender esta problemática, que va en aumento.
El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) calificó la extorsión como el tributo de la delincuencia organizada que aplica sin distinciones, “y donde llega impone miedo, quiebra negocios y desgarra el tejido social”. Con datos del INEGI señaló que 9.7 de cada 10 de estos delitos no se denuncia; y dijo que la extorsión es consecuencia directa de los gobiernos neoliberales que generaron desprotección.
La congresista Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que esta reforma responde a una realidad alarmante, ya que los principales afectados por las extorciones son los comerciantes. Consideró que esta reforma es un esfuerzo constitucional para combatir este problema de raíz y afirmó que se avanza hacia la recuperación de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
Al hacer uso de la voz, la congresista Lizzette Salgado Viramontes (PAN) se refirió a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que en el apartado referente a la Ciudad de México, señala que el 71.1 por ciento de los casos no denunciados, en parte por causas atribuibles a la autoridad, entre estas, la extorsión.
Al recordar que este proyecto contó con un amplio respaldo de las fuerzas políticas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la legisladora Martha Avila (MORENA) explicó que con esta reforma se homologa la ley y cubren vacíos legales en las entidades federativas, y se establecen las bases para la coordinación de los tres niveles de gobierno en un modelo nacional para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y poner en el centro la protección de la sociedad y las víctimas.